La posibilidad de encontrar una solución pacífica al conflicto entre los grupos Wong y Bustamante Olivares por el dominio de la azucarera Andahuasi se frustró ayer luego de que los representantes del primer conglomerado no asistieran a una reunión convocada por el premier Javier Velásquez Quesquén y por el presidente de la región Lima, Nelson Chui.
Velásquez Quesquén señaló que “lo que pase en las próximas horas es de absoluta responsabilidad de quienes tenían el deber de buscar fórmulas de solución pacífica”. Sin embargo, Antonio Palacios, abogado de los Wong, dijo que ninguna persona del grupo había sido citada al cónclave. “Ni nos han llamado”, manifestó. En la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) explicaron que quien hizo la convocatoria fue el gobierno de la región Lima.

En tanto, el premier negó que el Gobierno esté teniendo alguna injerencia debido a que el ex ministro Hernán Garrido Lecca forma parte del Grupo Bustamante Olivares. Por su parte, el titular del Interior, Octavio Salazar, indicó que la Policía Nacional está obligada a cumplir con la orden de desalojo dada por un juzgado de Huacho antes de mañana. Cuestionó que se use a los trabajadores como “parapetos humanos”, y reiteró que la PNP está obligada a cumplir la resolución que se encuentra vigente y no una orden administrativa.
David Jiménez, presidente del directorio del Grupo Bustamante, dijo que se reunió con el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, para pedir que se revoque ese desalojo. Argumentó que existe una resolución del Tribunal Registral que permite que su directorio se inscriba en Registros Públicos, lo cual, a su juicio, finiquita el conflicto. El Grupo Wong ya ha anunciado que impugnará la resolución.