
De una «amenaza» calificó el alcalde provincial Pedro Zurita Paz el arribo de más de 400 reos de alta peligrosidad al penal huachano. Reveló que estará dirigiendo una carta al propio ministro de Justicia a quien solicitará la reconsideración de la resolución que dispuso el traslado de los internos del penal de Lurigancho (Lima) hacia el centro de reclusión que queda en el distrito de Carquín.
Y así como Zurita, el gobernador departamental César Gonzáles Grados, la alcaldesa de Carquín: Juana Rosa Ramos Ramos y la misma ciudadanía no tardaron en expresar su malestar con este hecho a través de llamadas telefónicas que efectuaron a diversos medios de comunicación.
La demanda en común es que los funcionarios del INPE o las altas esferas del Gobierno Central hagan una evaluación del tema.
«No es nada más la inconformidad de una o dos autoridades si no creemos que es la inconformidad de la población en general», opinaron los habitantes, principalmente de la Caleta de Carquín y Huacho.
GOBERNADOR Y ALCALDESA
En el caso del gobernador Gonzáles, este inició su intervención precisando que «no se trata de buscar a alguien que tenga influencias y punto, sobre todo si tenemos en cuenta que en el INPE, así como hay apristas también hay belaundistas, pero más allá de la cuestión política, cuestiono el hecho de que no se haya solicitado un criterio técnico previo al traslado de este elevado número de presos».
«Si es de público conocimiento que este penal ya no da más, pues su capacidad poblacional ha rebalsado, así como todo su aparato logístico, cómo es entonces que nos envían más reclusos comprometiendo aún más la seguridad de la ciudadanía, puesto que es de suponer que no solo abogados y familiares de estos reos serán quienes vengan a visitarlos»
La autoridad política también afirmó estar a la espera de que el coronel Américo Villena Tupa se pronuncie sobre el tema y añadió que «para mi esta decisión no es atinada. Muy aparte de mi condición de gobernador, no tengo problemas para expresar mis objeciones al respecto y por eso hago un llamado al alcalde y representantes de otras instituciones públicas a sumar esfuerzos y condenar esta decisión que carece de criterio técnico y hasta humano, y que además empeorará el tema de la inseguridad, pues ya es suficiente con lo que hay», puntualizó.
Por su parte, y después de las múltiples muestras de malestar provenientes de moradores de Carquín, la alcaldesa de este distrito, Juana Ramos, sostuvo que «de todas maneras, este gobierno local se involucrará con este sentir popular y haremos las coordinaciones pertinentes para llegar hasta los funcionarios del INPE».
Fuente: Ecos Huacho