La implementación del nuevo sistema de control de insumos químicos usados por la minería ilegal contribuirá a frenar y revertir el daño ecológico que causa esa actividad en el país, afirmó hoy el especialista César Ipenza.

El asesor del programa de Conservación de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) dijo que la medida era indispensable ante el uso indiscriminado de mercurio y cianuro, sustancias de alto contenido tóxico, que contaminaban los ríos, principalmente, de la amazonía.

Señaló que la Unión Europea ha prohibido el uso del mercurio en esas actividades y la Organización de las Naciones Unidas negocia actualmente un convenio vinculante para regular el comercio de este insumo químico a nivel mundial.

“Y en el Perú no teníamos ningún tipo de control sobre éste componente sumamente dañino para el ambiente y para la salud de las personas. Por eso, esta medida emitida por el Poder Ejecutivo es necesaria para frenar la contaminación y revertir el daño ecológico”, declaró a la Agencia Andina.

De acuerdo al nuevo sistema, la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat) estará encargada de controlar y fiscalizar el ingreso, permanencia, transporte y salida de insumos químicos así como la distribución en el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias de otras entidades estatales.

Ipenza consideró acertado que la Sunat lleve adelante el control de los insumos químicos e imponga sanciones efectivas a quienes no se sujeten a la ley, “ya que hay un sector que se está enriqueciéndose por generar daños a la población y a la ecología”

Sin embargo, dijo que aún se requieren dictar medidas complementarias debido a la complejidad de esta problemática que afecta al país.

De acuerdo a cifras oficiales, son 30.000 las hectáreas afectadas por la minería ilegal de oro en Madre de Dios, en el sureste del país, ya que el mercurio utilizado es vertido a los ríos amazónicos y a los terrenos aledaños, con lo que se afecta directamente a las poblaciones indígenas.

De otro lado, cuestionó el paro realizado por los mineros ilegales en Madre de Dios contra decretos emitidos por el Gobierno para hacer frente esa actividad ilícita, y dijo que tales normas son importantes para detener la enorme depredación forestal que han ocasionado en esa región.

Señaló que no existen razones que justifiquen esas protestas y que la obligación de ese sector es tratar de formalizarse y respetar las normas ambientales.

Aseveró que con esas protestas no se conseguirá nada, “porque si son mineros artesanales y están cumpliendo con la ley no deberían que temer a la interdicción. La formalización es una obligación y no un favor”, añadió.