Reclaman a Cipriani personalidades de la sociedad civil que afirman que retiro de licencias pastorales al sacerdote Gastón Garatea evidencia su comportamiento autócrata y tiene tufo a venganza personal.

La represalia del cardenal Juan Luis Cipriani contra el sacerdote Gastón Garatea, a quien privó de la licencia para oficiar misa y dar la comunión en Lima, constituye un acto de intolerancia que la Iglesia Católica y el país no pueden tolerar más, según importantes personalidades de la sociedad civil peruana.

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de derechos humanos, Rocío Silva Santisteban, rechazó el castigo e indicó que la sanción ratifica la intolerancia extrema de los sectores más retrógrados y conservadores de la Iglesia Católica que representa el prelado, ante opiniones personales en relación con ciertos temas.

“Esta decisión de Cipriani perjudica, de alguna manera, a la imagen de la Iglesia, habida cuenta de las múltiples expresiones de protesta de un vasto sector de la ciudadanía, las cuales se han expresado a través de manifestaciones y plantones en la capital”, anotó.

Tras expresar a Garatea la solidaridad fraterna de las organizaciones que representa, Silva Santisteban consideró que la represalia del cardenal está vinculada a las responsabilidades asumidas por el primero como integrante de la Comisión de la Verdad y su papel como asesor de Responsabilidad Social de la Universidad Católica.

Para el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, la sanción canónica perpetrada en detrimento de Garatea constituye una de las expresiones de mayor intolerancia que se recuerde en el Perú contemporáneo.

AUTÓCRATA

Rivera fue más allá al señalar que las decisiones de Cipriani no han sido nada democráticas, al punto de que el acumulado de éstas lo están convirtiendo en un auténtico autócrata para la Iglesia peruana.

“No puede comportarse como un autócrata, ya que el hecho de que sea el primado de la Iglesia no justifica absolutamente esa conducta de su parte”, enfatizó.

En todo caso, estimó que la dureza punitiva del purpurado contra Garatea tiene el tufillo del cobro de venganzas personales, en relación con el destacado papel del religioso en la Comisión de la Verdad, un organismo que desagradó siempre al máximo representante del Opus Dei.

El pasado 10 de mayo, el Arzobispado de Lima anunció que no ha sido renovada la licencia ministerial del padre Gastón Garatea, por haber expresado opiniones contrarias a las posiciones de la Iglesia, según informaron voceros de Cipriani después. La sanción implica que el sacerdote no podrá ejercer su labor pastoral en Lima, lo que para el sancionado evidencia que quieren sacarlo de la capital.

Garatea es un sacerdote peruano de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento del Altar, una orden religiosa apostólica de derecho pontificio. Fue presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, con la que participó también en el Acuerdo Nacional. Es asesor en temas de Responsabilidad Social para la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero la sanción lo obliga a dejar este cargo.

MÁS CRÍTICAS

El analista político Juan de la Puente expresó que es indudable que la pena impuesta por Cipriani a Garatea perjudica al catolicismo, no solo porque hace aparecer a la iglesia peruana como intolerante frente a opiniones que no son contrapuestas con los dogmas oficiales de la Iglesia, sino también frente a puntos de vista expresados al interior de la misma.

Tras incidir en el rechazo generalizado que esta medida ha producido entre la opinión pública, De la Puente advirtió que el cardenal Cipriani no la ha tomado en función de los intereses generales de la Iglesia, sino de los particulares del grupo religioso al que pertenece -el Opus Dei-, en su lucha contra otras tendencias rivales.

En opinión de Javier Alva Orlandini, expresidente del Tribunal Constitucional (TC), la medida contra Garatea debe ser reexaminada por el propio cardenal o por la Santa Sede. Fue una acción excesiva, por lo que el sacerdote tiene el pleno derecho y la libre disposición de apelar, apuntó.

Por su parte, el obispo emérito de Chimbote, Luis Bambarén, advirtió que de persistir el arzobispo de Lima en su postura pese a que su Congregación le ha pedido un diálogo para que la reconsidere, entonces podría apelar al Vaticano, más precisamente a la Congregación para los Obispos, ya que -anotó- Cipriani no ha cumplido con todos los requisitos exigidos por el derecho canónico.

“Y dichos requisitos o pasos son: 1) una corrección fraterna; 2) efectuar, ante dos testigos, una amonestación seria; y 3) de persistir en su actitud sin corregirse, disponer -por escrito- la suspensión, con la respectiva fundamentación de motivos por los cuales se procede con esta medida extrema”, especificó.

La voz discordante en el amplio consenso de opiniones en contra de la sanción a Garatea la dio el exministro y supernumerario del Opus Dei, Rafael Rey, quien alegó que si un sacerdote “se opone a la doctrina de la Iglesia, está incumpliendo con las reglas”.