Población Machiguenga de La Convención acusa a militares de acosar y abusar sexualmente de mujeres.

A inicios de semana, la consejera de la provincia de La Convención, Elena Ascarza Quispe, recibió una sorpresiva llamada del jefe del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru), Rubén Binari. Era una denuncia contra los militares destacados para combatir el narcoterror. Los acusaba de abusar sexualmente de las mujeres de la tribu.

Binari se puso en contacto con las autoridades de la zona. Confirmó que varias mujeres habían puesto denuncias ante las dirigencias de las comunidades nativas de Miñeria, Malvinas y Puerto Rico, en el Bajo Urubamba, además de Alto Lagunas e Incaree, en los centros poblados de Kiteni y Kepashiato. Los Juzgados de Paz de las zonas también habrían recogido las denuncias, según Elena Ascarza.

Los militares también se estarían comiendo sus alimentos y animales sin autorización de las poblaciones nativas. Binari demandó el inmediato retiro de las tropas.

El Ejército está acantonado en la selva cusqueña desde abril pasado para combatir a los narcoterroristas que dominan el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Monzón (VRAEM).

Para cautelar la tranquilidad y seguridad de las poblaciones nativas, la Defensoría del Pueblo dentro de 15 días enviará a un grupo de comisionados a la provincia de La Convención, para investigar las denuncias hechas por los dirigentes nativos.

Silvio Campana Zegarra, representante de la oficina defensorial en Cusco, dijo que la comisión hará un trabajo durante tres semanas, visitando todas las comunidades nativas para confirmar las denuncias.
“La información que nos ha llegado es preocupante. Por eso viajará un equipo que verificará esas denuncias en la misma zona. Las denuncias tienen que ver con abuso sexual y otros hechos que atentan contra la población civil”, refirió Campana.

Los comisionados de la Defensoría, además de verificar la existencia o no de abuso sexual, analizarán la situación de las fuerzas del orden en la zona. Campana Zegarra anunció que pedirán al gobierno el retiro de las tropas de la base instalada en la institución educativa de Kepashiato. “Se debe evaluar el traslado de la base militar de la institución educativa de Kepashiato, donde hay niños que estudian y es un peligro para la población civil”.