Funcionarios de Javier Alvarado se apropiaron más de un millón de soles de la Municipalidad de Cañete.

De acuerdo a la acción de control realizada al período edil 2009-2010, se trata de funcionarios de la Gerencia Municipal y de la Gerencia de Administración, que ocuparon cargos hasta el 1 de setiembre de 2010. Ellos no han rendido cuentas sobre el uso de ese dinero, recibido en varios desembolsos, o han presentado como sustento del gasto documentos carentes de veracidad.

La Contraloría General detectó que funcionarios de la Municipalidad Provincial de Cañete se apropiaron de más de un millón de soles de la entidad que recibieron como encargo para financiar trabajos de mantenimiento e infraestructura pública.

De acuerdo a la acción de control realizada al período edil 2009-2010, se trata de funcionarios de la Gerencia Municipal y de la Gerencia de Administración, que ocuparon cargos hasta el 1 de setiembre de 2010. Ellos no han rendido cuentas sobre el uso de ese dinero, recibido en varios desembolsos, o han presentado como sustento del gasto documentos carentes de veracidad.

La Comisión de Auditores de la Contraloría General no encontró documentación sustentatoria por la suma de 837 mil soles, realizado en varios desembolsos a lo largo del año 2010, que gestionaron los propios funcionarios ediles a su favor para destinarlo a presuntas obras de mantenimiento e infraestructura.

Asimismo, se detectó que las rendiciones efectuadas durante los años 2009 y 2010, por recursos públicos recibidos que suman un total 293 mil 500 soles, fueron sustentadas con comprobantes carentes de veracidad, toda vez que los presuntos proveedores negaron haber emitido esos documentos por operaciones o servicios brindados a la comuna.

Por último, la acción de control halló que en el año 2009 se realizaron varios desembolsos que suman 205 mil 230 soles, a favor de un funcionario de la Gerencia Municipal, cuyo gasto sustentó con facturas y recibos por honorarios de 28 proveedores, de los cuales no se ubicaron a nueve. Una inspección física determinó que en algunos casos los domicilios que consignan, no existen o no corresponden a los negocios o empresas con las presuntamente se realizó alguna operación o servicio.

Estos hechos evidencian la existencia de indicios razonables de los delitos de PECULADO y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL, tipificados y penados en el Código Penal, por lo que la Procuraduría Pública de la Contraloría iniciará las acciones legales contra los presuntos responsables.

NP/CG