Ante las críticas por el nuevo ordenamiento pesquero, la titular de la Producción, Gladys Triveño, reveló que este sector económico es el segundo más corrupto para el empresariado nacional, razón por la que estas reformas eran impostergables.
Su afirmación estuvo respaldada por los resultados de un sondeo realizado por Ipsos Perú para el ministerio que administra, donde se corrobora la poca transparencia con la que este rubro productivo se viene manejando en los últimos años.
Triveño sostuvo que justamente el polémico Decreto Supremo 005-2012 hace viable que se elimine este caos, al proponer la recategorización de flotas artesanales y de menores dimensiones, así como el respeto de la primera franja pesquera, que va desde las cero a las cinco millas, que es muy importante por considerarse zona reproductiva de muchas especies comerciales.
Del mismo modo, descartó que esta ley haya sido producto de una improvisación o para beneficiar intereses de un pequeño grupo de empresarios, y remarcó que la norma nació tras un serio y constante trabajo con el Instituto del Mar Peruano (Imarpe).
Además, la ministra refirió que el DS parte de un análisis histórico de la biomasa promedio de anchoveta durante los últimos quince años.
De esta manera, Triveño hizo frente a los cuestionamientos de los empresarios del sector por la prohibición de la pesca industrial entre las millas cinco y diez del mar peruano. Es más, manifestó que ella no es “ministra de ocho empresas”, sino que vela por la equidad en el rubro pesquero nacional.
“Nosotros no defendemos los intereses de ocho empresas, sino los intereses de 30 millones de peruanos. Soy la ministra de la pota, de la anguila, de la lorna, del pejerrey y nos tenemos que preocupar de que el pescado llegue a mesa de todos los peruanos”, expresó.
La ministra de la Producción sostuvo que esta ola de ataques se debe, en gran medida, a que en la actualidad el empresariado privado ya no coloca “al ministro ni a la viceministra”. “El gran cuestionamiento viene porque no nos pueden controlar”, agregó.
SIN BENEFICIOS PARA CHILE
Días atrás, el abogado de la Sociedad Nacional de Pesquería, Aurelio Loret de Mola, acusó a la ministra Gladys Triveño de haber impuesto el Decreto Supremo 005-2012 para beneficiar a las compañías extractivas de Chile.
La ministra descartó este panorama y aclaró que es falso que el nuevo ordenamiento beneficie a mil embarcaciones medianas del país sureño. Asimismo, negó que se esté forzando la migración del recurso pesquero hacia aguas chilenas para favorecer a mil embarcaciones medianas que llevarán la anchoveta a las industrias mapochas para que sea procesada en harina de pescado.
EL DATO
Produce dispuso que el límite máximo de captura de la anchoveta en el sur del país sea de 400 000 toneladas hasta el próximo 30 de junio
