El último y vergonzoso fallo del Tribunal Constitucional sobre El Frontón ha causado indignación en la opinión pública y la ciudadanía en general. A esta rotunda desaprobación se unió la Defensoría del Pueblo, que advirtió que los delitos investigados en este caso son imprescriptibles. Asimismo, remarcó que al no considerarse estos graves hechos como de lesa humanidad, se estaría generando un clima de impunidad.

El mismo defensor del pueblo, Eduardo Vega, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es determinante al señalar que los homicidios extralegales, como los perpetrados en el caso El Frontón, constituyen graves violaciones de los derechos humanos y deben ser sancionados, al margen de ser o no calificados como delitos de lesa humanidad.

Además, Vega lamentó que estos delitos no puedan ser calificados como crímenes de lesa humanidad, y en consecuencia, terminado el proceso penal, se llegue a la prescripción sin posibilidad de nuevos procesamientos.

De otro lado, el defensor del pueblo exhortó al Estado a cumplir con la sentencia que la Corte IDH emitió en el 2000 sobre el caso El Frontón, donde al Perú se le exige investigar, procesar y, de ser el caso, sancionar a los presuntos autores de esta matanza. “Si bien este caso se ha dilatado demasiado en el tiempo, ello no justifica que se abra la posibilidad a la prescripción de los graves delitos que se investigan”, agregó.

Por su parte, el abogado de IDL, Carlos Rivera, sostuvo que con este fallo el TC le ha proporcionado a la defensa técnica de los “perpetradores” un valioso instrumento para “palanquear” el proceso y buscar el archivamiento del caso. “Resulta indudable que tras la resolución que desestima a El Frontón como un crimen de lesa humanidad, aquellos abogados solicitarán que se declare la prescripción del caso”, explicó.

El abogado defensor de los derechos humanos Ronald Gamarra recordó que el expresidente Alan García no colaboró durante su primer y segundo gobierno para esclarecer la matanza de El Frontón, y a la fecha parece no importarle la impunidad que pueda generar el último fallo del TC.

De otro lado, Gamarra hizo hincapié en lo sucedido con los internos Nolberto Durand y Gabriel Ugarte, ambos casos emblemáticos de las presuntas ejecuciones extrajudiciales realizadas en el penal. El abogado afirmó que resulta extraño que tanto Durand como Ugarte hayan sido asesinados, justo cuando días antes sus respectivos casos ya habían sido archivados por la justicia. Es decir que las notificaciones del Poder Judicial donde se les comunicaba a ambos su liberación llegaron después de sus muertes.