Forma usted parte de la nueva “Inquisición pro minera”

Los medios de comunicación y la clase política que defiende los intereses de la burguesía de nuestro país, acusan de: “Azuzadores”, “manipuladores”, “ignorantes”, “enemigos del desarrollo”, “violentistas”, “turba”, etc., a

Los medios de comunicación y la clase política que defiende los intereses de la burguesía de nuestro país, acusan de: “Azuzadores”, “manipuladores”, “ignorantes”, “enemigos del desarrollo”, “violentistas”, “turba”, etc., a todos los ciudadanos que en distintas partes se solidarizan con la protesta legítima de cajamarquinos, cuzqueños, ancashinos y arequipeños que defienden el medio ambiente y la vida.

Ni siquiera hacen el esfuerzo por tratar de comprender las razones de estas personas que dicen no a la minería y a los proyectos de una empresa en particular. Al estigmatizarlos como “antimineros” se imposibilita el debate de los temas de fondo. La débil capacidad reguladora y fiscalizadora del Estado es una de las razones de la legítima desconfianza ciudadana.

Pero hay quien tiene una fuerte dosis de responsabilidad y hasta ahora no ha hecho nada más que acuñar el término de “terrorista antiminero”, en el lenguaje de la Nueva Inquisición Pro-minera: la empresa Southern.

Esta empresa no tiene los mejores antecedentes en términos ambientales y sociales. No nos remitiremos a su nefasto historial inicial, allá por los años 50, porque dirán que “los tiempos han cambiado” y que “ahora la minería es moderna y limpia”, solamente nos referiremos a algunos hechos recientes.
La Southern, que ahora está calladita, ha sido sancionada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por incumplir normas ambientales hasta en 12 oportunidades entre el 2009 y el 2014 en la Fundición y Refinería de Cobre de Ilo. En la Resolución Directoral N° 008-2014-OEFA/DFSAI se da cuenta de cada una de las infracciones, entre éstas: haber afectado los suelos con derrames de aceites y/o hidrocarburos como consecuencia de disposición de cilindros o equipos reusables directamente sobre el suelo natural, no haber tomado “las medidas necesarias para evitar e impedir la dispersión de concentrado por acción del viento fuera del área de almacenamiento de concentrado”. Asimismo Southern habría “superado el NMP (nivel máximo permisible) de partículas para emisiones gaseosas”, etc. Por estas 12 infracciones el OEFA le impuso multas de distinto monto que suman 204 UIT. En resumen, Southern ha estado contaminando el ambiente, lo dice el OEFA.

La empresa habría contaminado el aire y arrojado arsénico al mar de Ilo. ¿Quién dice esto?, ¿Un enemigo del desarrollo-ignorante-azuzador?, ¿un “antiminero?. No, lo dice el Ministerio Público: “En enero de este año, la Fiscalía Provincial Especializada de Prevención de Delito y Medio Ambiente de Ilo solicitó dos años y seis meses de cárcel para el presidente ejecutivo de Southern Copper por el delito de contaminación ambiental culposa”.

Según el Ministerio Público, el ejecutivo Óscar Gonzáles Rocha “permitió en forma negligente que en la fundición y refinería de cobre de Ilo se efectúe la emisión de partículas contaminantes que superan los límites máximos permisibles, en 100% aproximadamente”. También se le acusa de haber consentido vertimientos de arsénico en el mar por cantidades que bordean el 800% de los LMP”. Esto último nos lo cuenta de manera más detallada el portal de la Sociedad Peruana de derecho Ambiental (SPDA), de la cual Manuel Pulgar Vidal, hoy Ministro del Ambiente, fue Director Ejecutivo.

Sumemos a esto las 138 observaciones al primer EIA para el proyecto Tía María que fueron presentadas, ¿por un azuzador antiminero?. No, por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Fue tan escandaloso que el gobierno de aquel entonces decidió anularlo. ¿Qué gobierno antiminero-enemigo del desarrollo hizo eso?. El del APRA.

Sí, esta es la empresa en manos de la cual nuestro Presidente de la República acaba de dejar la resolución del conflicto, a la que le ha pedido “lograr el entendimiento” con la población.

Es cierto que la empresa ha presentado un nuevo EIA en el que – lo jura el Ministro del Ambiente- se habrían levantado todas las observaciones anteriores. Pero, si nos pusiéramos un instante en el lugar de los pobladores del Valle de Tambo, ¿no tienen, acaso, un poquito de razón de desconfiar? Es un nuevo EIA, sí, pero es la misma empresa que hace unos años atrás se burló del Estado y de la ciudadanía.

Nada justifica la violencia ni la corrupción, ni la de un dirigente vendido, ni la de una empresa dispuesta a sobornarlo en lugar de ganarse transparentemente la confianza de la gente, ni la de un policía con nombre falso sembrando pruebas para incriminar injustamente a los manifestantes ni la de los vándalos que se infiltran en las movilizaciones. Se debe investigar y sancionar, pero no podemos por ello dejar de examinar el accionar del Estado y de la empresa.

No podemos permitir que quienes osan decir algo crítico respecto a la actividad minera o a alguna empresa en particular sean automáticamente acusados de “ideologizados”, “terroristas antimineros”, “enemigos del desarrollo”. ¿Dónde quedó la libertad de expresión, de opinión y de disenso, que son esenciales en democracia?.
Nos toca defenderla.