Tres nuevos conductores fueron detenidos por intentar sobornar a policías, en operativos realizados con cámaras de video en los cruces de las avenidas Túpac Amaru con Carlos Izaguirre y Av. Túpac Amaru con la Panamericana Norte, en el distrito de Independencia (Lima).

Los conductores intervenidos por el delito de corrupción de funcionarios fueron identificados como Estiven Jhordan Chávez Vargas, quien conducía el vehículo de placa AFW-870; César García Espinoza, quien conducía el vehículo de placa Y1H-750; y Carlos Aguilar Mariano, quien conducía el vehículo de placa AJC-742, todos ellos vehículos de transporte público.

Esta campaña es parte de la política del Ministerio del Interior para luchar contra la corrupción y por la cual se han realizado este año 14 operativos de control de tránsito en los que el personal policial cuenta con cámaras de registro audiovisual a efectos de registrar posibles actos de soborno por parte de los ciudadanos.

A la fecha se han sentenciado a siete personas por el delito de corrupción de funcionarios al ofrecer dádivas a los policías que los intervinieron para evitar ser sancionados con sus respectivas papeletas tras cometer infracciones al Reglamento de Tránsito. Han sido intervenidos 622 vehículos y se impusieron 55 papeletas por infracciones de tránsito.

Cabe indicar que la campaña denominada “La Integridad no se negocia” está orientada a prevenir, identificar y sancionar actos de corrupción en los que pueda incurrir un ciudadano con ocasión de una intervención policial, policías que pidan o reciban dádivas para ejercer sus funciones o malos funcionarios del Ministerio del Interior.

Si un ciudadano ofrece dinero a un policía para que no cumpla con su función puede ir preso hasta por ocho años, de acuerdo a la normativa vigente. Así como también sí, el policía que pide, acepta o recibe un donativo, promesa o cualquier otro beneficio para realizar u omitir un acto en desacato de sus obligaciones será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de 10 años e inhabilitación en sus funciones.

Los conductores fueron trasladados a la comisaría de Payet en donde, tras reconocer sus faltas, se acogieron a la terminación anticipada del proceso, siendo sentenciados a una pena de prisión suspendida de tres años y cuatro meses y al pago de una reparación civil en favor del Estado.