Las instituciones del sistema de administración de justicia realizan un trabajo conjunto para promover un sistema eficaz de denuncias anticorrupción y protección a denunciantes, que investigue y sancione con dureza estas prácticas negativas en el Estado.

A esta conclusión llegaron los titulares del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez; del Ministerio Público, Pablo Sánchez, y del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad Pérez Tello, tras participar en el Foro de Integridad Perú OCDE 2017.

“El corrupto no pertenece a un partido o institución en particular y se infiltra en las instituciones para aprovechar su debilidad y buscar impunidad”, sostuvo la ministra al participar en el panel Protección de Denunciantes y Sistema de Justicia Penal.

Resaltó la importancia de contar con un marco legal para proteger a los denunciantes de hechos de corrupción, y explicó que el Decreto Legislativo 1327 promueve la cultura de denuncia y el principio de reserva.

La ministra valoró positivamente el trabajo que cumplen entidades como la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) y la Contraloría General para identificar y sistematizar canales de denuncia y realizar seguimiento de casos.