Otass y Programa Mejoramiento Integral de Barrios, hijos de un mismo padre.

El nuevo caso de corrupción salido de las entrañas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, donde se ha involucrado a la directora ejecutiva del Programa Mejoramiento Integral de Barrio, Giannina Manrique Mansilla, en el caso de coima al alcalde del distrito de Yarinacocha, ha abonado la desconfianza que muchos peruanos tienen, desde un primer momento, del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS)

Uno de los temores que despierta el referido Programa, supuestamente creada para “fortalecer la asistencia técnica en las empresas de saneamiento”, cuyos propietarios son las municipalidades, es su no bien disimulada función privatizadora.

Despierta también suspicacia los discurso contradictorios existentes, de una parte, de los funcionarios de la OTASS negando la privatización, mientras, por el otro lado, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, en más de una oportunidad, ha manifestado públicamente la intención de concesionar los servicios de agua y saneamiento, que viene a ser, en definitiva, una forma de privatización.

Estas empresas, que tienen como función primordial la de facilitar el derecho humano del acceso al agua y saneamiento, que el Estado tiene la obligación de priorizar y defender de acuerdo a la Constitución peruana, podrían estar, en un futuro cercano, en manos de quienes no solamente lleguen a cumplir un rol privatizador, sino que también, utilizando sus privilegiados cargos, usufructúen de las empresas de agua y saneamiento en beneficio propio.

La sospecha parte en que algunos de los principales funcionarios han estado comprometidos en supuestos actos de corrupción, ocurridos dentro del MVCS o en SEDAPAL y que, ahora, ocupan puestos principales dentro de la OTASS, a pesar que esos casos no han sido aclarados convenientemente hasta la fecha.

Basta recordar cómo, en uno de ellos, el hoy director ejecutivo de la OTASS, tuvo una participación principalísima en la cuestionada concesión otorgada a la empresa española Actividades de Construcción y Servicios (ACS) para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Taboada, firmada con una resolución ministerial especial, la cual, disponía que Fernando Laca Barrera, viceministro de Construcción y Saneamiento durante el gobierno de Alán García Pérez, sea el encargado de firmarla y quien, 3 días después de firmarla, renunció al cargo.

El periodista Ricardo Uceda de la revista Poder dio a conocer que, en aquel entonces, ministro de Vivienda, Francis Allison, había sostenido en una reunión del Consejo de Ministros que un abogado le ofreció una coima de un millón de dólares a cambio de firmar el contrato, favorable a ACS.

La revista mencionada ratificó su información afirmando que un cuarto integrante del gabinete corroboró dicha versión.

Lo sucedido con la defenestrada directora ejecutiva del Programa Mejoramiento Integral de Barrios, Giannina Manrique Mansilla, por un supuesto acto de corrupción, con toda razón, ha traído como consecuencia que la desconfianza que se tiene de la OTASS se acreciente y, mucho más, cuando los dos programas tienen un mismo padre, el Ministerio de Vivienda, construcción y Saneamiento.