Una semana después de que el expresidente Pedro Castillo fuera vacado, luego de su intento fallido de disolver el Congreso, las protestas en Lima y provincias se intensificaron. Es por eso que, el 14 de diciembre, la Policía Nacional emitió un informe en el que exponía los motivos por los cuales se debía dictar estado de emergencia por 30 días y así contener el estallido social.

Además, la institución solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros la suma de 106 millones de soles. La intención era poder cubrir los gastos del personal que se desplegaría durante dicho régimen.

«El jefe de la División de Economía de la Dirección de Administración de la PNP hace conocer que la declaratoria de estado de emergencia a nivel nacional irrogaría el gasto adicional de S/106 372 450 correspondiente al periodo de treinta días», se lee en el documento.

El presupuesto de la Policía no le permitiría asumir el gasto. «La Unidad Ejecutora no cuenta con recursos presupuestarios disponibles para financiar el mencionado gasto adicional. Por tal motivo, sugiere respetuosamente que la declaratoria de estado de emergencia sea gestionada con la correspondiente asignación presupuestaria para su financiamiento», dice el informe.

En el documento se observa un recuadro que detalla la cantidad de oficiales que se desplegarían y el monto faltante para cubrir sus gastos personales

De un total de 130.785 policías en el país, los beneficiarios serán 127.722 efectivos. Para recompensar su trabajo, el «bono por zona de emergencia por 30 días» valdrá en total S/274 602 300.

Debido a que la institución solo cuenta con S/168 229 850 como parte de su presupuesto, solicita S/106 372 450 como «gasto adicional por treinta días».

El exviceministro de Orden Interno Ricardo Valdés explicó que, al entrar en un estado de emergencia, los regímenes laborales también entran a un estado de excepción.

«Les piden disponer de sus horas libres para cualquier actividad propia del estado de emergencia. El bono compensa al personal que va a tener que permanecer activo los días que tienen que descansar», explicó Valdés.

«Siempre hay una serie de gastos. Por ejemplo, cuando se tiene que destacar a un personal a otra zona, el Estado tiene que cubrir sus gastos y prestaciones», agregó.

A pesar de que el bono es un mecanismo regular que se usa en estado de emergencia, Valdés observó que el monto es excesivo: «Me parece un cálculo aproximado bastante grueso. Habría que ver el desglose y el fundamento del gasto. ¿Para qué se usará el dinero? ¿Para traslado del personal, viáticos, rancho, pago de días de franco? Para efectos de transparencia, hubiese sido deseable que esta solicitud venga acompañada de un desglose de gastos, porque esta no es una cifra mágica. A esta cifra se llega con un cálculo».

Este documento, al parecer, fue sustento del premier Alberto Otárola para anunciar un bono para la Policía el pasado 25 de enero.

LaRepublica